Dos hombres fueron condenados por la Justicia de Tucumán a tres años de prisión de ejecución condicional por haber trasladado camionetas que habían sido robadas en la provincia de Buenos Aires.

Estas personas, de 25 y 47 años, fueron acusadas en un juicio abreviado de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, en concurso ideal con la utilización de documento público falso para concretar el hecho.

Según la imputación, desde el 20 de diciembre de 2022 hasta el 3 de enero de este año, los imputados recibieron dos vehículos de parte de personas no identificadas. Sabían que los rodados provenían de hechos ilícitos: una camioneta Ford Ranger sustraída en la ciudad de La Plata y otra marca JEEP, modelo Renegade, robada en Quilmes.

La investigación, que llevó adelante la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de Diego López Ávila, sacó a la luz las maniobras de uno de los eslabones del mercado negro de vehículos robados: los transportadores.

Antes de sus detenciones en Tucumán, los condenados se comprometieron a trasladar las dos camionetas desde Buenos Aires hasta Aguas Blancas, límite con la ciudad de Bermejo, Bolivia. Allí, se concretaría la entrega para poder sacar del país los automotores, según las sospechas. 

“Recibieron los vehículos y los trasladaron por distintas provincias del país; sortearon controles oficiales en las rutas”, explicó la auxiliar fiscal, María Paula Bellomio, de la unidad Robos y Hurtos I, durante el juicio abreviado. La pena, acordada con las defensas de los imputados, ha sido de tres años de prisión de ejecución condicional, más reglas de conductas, por igual plazo.

“Tenían ánimo de lucro porque recibían dinero a cambio de realizar estas transacciones. Para ello, sobrescribieron y cambiaron los números grabados en los cristales laterales de las camionetas con lápices especiales; además, colocaron chapas patentes con dominios diferentes a los registrados para evitar su identificación”, argumentó la funcionaria judicial.

“Exhibieron cédulas apócrifas de identificación de los vehículos, en las que se consignan datos falsos respecto de las camionetas. Con su accionar, provocaron un perjuicio a la administración pública y a la fe pública”, añadió.

También se pudo acceder a un teléfono celular y se registraron las conversaciones a través de mensajes que confirmaban la organización de los traslados y el monto del pago: unos $25.000.